PENA DE MUERTE EN CASOS DE VIOLACIÓN SEXUAL

Días atrás, acaba de suscitarse un hecho deplorable en el Perú, la violación sexual de una niña de siete meses de nacida, ultrajada y asesinada por su progenitor, un padre degenerado mental, un ser “humano” que deja todo sentir de razón, tras convertirse en un psicópata.

Como consecuencia de este hecho, ha vuelto a la mesa del debate las propuestas de la pena capital o pena de muerte para los casos de violación sexual, lo cual la actual constitución política del Perú, no estipula, que puede ser agregado en un nuevo artículo bajo una reforma constitucional en dos legislaturas, o en su defecto mediante al cambio de una nueva constitución política, que puede concretarse en pleno congreso electo luego de las elecciones del 10 de abril del 2011, o de lo contrario con la convocatoria de la Asamblea Constituyente.

Ante este hecho criminal (violación sexual), el debate se ha aperturado en la coyuntura política electoral la que viene marcando ciertas diferencias, algunas de ellas que guardan similitud. Por ejemplo el Partido Nacionalista (GANA PERÚ), es de la posición que en estos casos debe aplicarse la cadena perpetua sin derecho alguno del cual los reclusos son beneficiarios, y de esta posición es también Perú Posible, Alianza para el Cambio, Solidaridad Nacional, en tanto de forma titubeante lo plantea las filas del fujimorismo.

Si bien es cierto el planteamiento de la pena capital para los casos de violación sexual trae consigo un transfondo político que hay que analizarlo con la serenidad y responsabilidad del caso, dado que ello implicaría renunciar a la Corte de San José y por ende, la renuncia a los derechos humanos, accionar que daría pie a que los sectores de la ultra derecha y los fascistas desarrollen la persecución política contra aquellos que se oponen al modelo económico imperante, el llamado modelo neoliberal; es decir, serviría para profundizar la criminalización de las protestas populares, esencia que guardaría la pena de muerte.

Consecuentemente y desde mi punto de vista de sentir humano ante estos actos de demencia mental, debería de aplicarse la pena capital para todos los psicópatas y enfermos mentales, dado que el reclusorio no los va reformar y reinsertar a la sociedad, pero ante ello, es menester en primera instancia ordenar y llenar los vacios legales de las cuales no consta en las leyes actuales peruanas, de modo que esto no sirva como trampolín para aquellos violadores de derechos humanos y se criminalice las protestas sociales, un debate del cual estoy seguro que dará mucho que hablar en estos días.

Atentamente.

Sergio Gonzales Apaza

Comunicador Social

Autor del Libro

“Nuestras Luchas”

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